La Constitución reconoció a las universidades su autonomía como un derecho irrenunciable. Desde 1978 han crecido en profesores y alumnos, han mejorado sus recursos e incrementado su financiación. Sin embargo el camino iniciado hace más de 30 años se ha visto truncado porque se han convertido en un coto cerrado, manipulable por los intereses electorales de los partidos desde el nivel municipal al nacional, y que sirve básicamente a los intereses de los profesores y los funcionarios que no ven en ellas más que un medio de incrementar sus plantillas.

Las universidades necesitan una reforma radical que las lleve a asumir su función docente y las ponga al servicio de la sociedad. Para ello es necesario una nueva ley estatal y una reestructuración de sus funciones, sus ingresos y sus plantillas. En España las universidades son todo menos racionales. Tienen un número excesivo de alumnos (1.400.000 matriculados en grados y licenciaturas a comienzos del curso 2010-11), un número desproporcionado de profesores (105.034 para unas 60, mientras que las 2000 universidades de los USA sólo tienen 675.000: si les aplicásemos nuestra ratio deberían pasar de los 3.300.000 profesores). Unos profesores mal distribuidos por áreas de conocimiento: unos están sobrecargados de trabajo y otros rozan el ocio académico. Y además con un número inverosímil de titulaciones: Cataluña ofrece este curso 408 másteres y 239 doctorados, y la provincia de Madrid 261 y 221 respectivamente. Másteres y doctorados de ínfimo nivel en muchos casos, diseñados para recaudar fondos y servir como escenario para que algunos profesores exhiban sus méritos.

Las universidades tienden al autismo porque no colaboran entre sí. Sus profesores son los únicos funcionarios que no se pueden trasladar, ni siquiera dentro de su Comunidad, y están adscritos a áreas que no se cambian desde hace más de 30 años. Esos profesores son gobernados por unos rectores que son los únicos cargos públicos que resuelven los recursos contra los acuerdos de su universidad, enviando a sus recurrentes al país de irás y no volverás que es el mundo de lo contencioso administrativo. Los rectores españoles han incrementado sus gastos administrativos en los últimos 20 años y definen sus competencias de modo casi obsesivo. El DOGA del 18 de agosto publica la delegación de competencias del Rector de la USC a su equipo, y esas competencias pasan ampliamente de las 200.

Las universidades no contribuyen al crecimiento económico, a pesar de la subida de sus ingresos. El número de sus publicaciones desde 1996 es casi el mismo aunque los fondos de investigación casi se han triplicado, asi como sus plantillas. Pero sí publican normas prolijas hasta el disparate: el decreto que regula el Consejo de Estudiantes ocupa 27 hojas de letra menuda del BOE. Unas normas contradicen a otras superiores y su conocimiento es casi imposible, pero con ellas están consiguiendo que sus profesores sean sumisos, porque crean incentivos mínimos y todo el mundo ha llegado a creer que sólo puede sobrevivir a costa de los demás aunque reconociendo siempre a quien manda y a sus decisiones casi inapelables, guardando silencio ante sus mensajes propagandísticos que asfixian a la opinión pública. Las universidades ni se gobiernan democráticamente ni cumplen su función básica ni administran bien sus recursos, y por ello deben ser reformadas de arriba abajo. ¿Por quién?